Archivos del gobierno de Juan Carlos Romero vedados para investigar
>> miércoles, 25 de diciembre de 2013
¡Urgente! Archivo se busca: Comunicarse con diario El Tribuno
http://www.elintransigente.com/ 25/12/2013
Si algún periodista osa pedir una consulta de archivo debe llenar un formulario y esperar por días alguna respuesta. El final anunciado: termina por escribir lo que le dictan sus editores
SALTA.- Tratar de a recurrir a los enormes tomos que recopilan los diarios publicados durante los doce años de gobierno de Juan Carlos Romero, es una “misión imposible” para cualquier periodista (digna de una escena de película). Es el primer paso dado por el ex gobernador para asegurarse la obsecuencia de los mismos, pero claro está que alejándose de la verdad.
Recurrir al archivo es un camino común y obligado en cualquier diario que pretenda cumplir con el deber constitucional de informar, por lo que este sector está siempre al alcance de la mano del periodista… al menos, eso se espera.
En la redacción de El Tribuno, sin embargo, los periodistas están vedados de poder hacer este tipo de consultas, puesto que los tomos se encuentran apilados en el galpón de la firma Plumada S.A, en el acceso a la ciudad. Hecho posibilitado por un negociado públicamente conocido, en una descarada maniobra de un viejo zorro en estas lides.
Y si de descaro se habla, fuentes internas al diario afirman que si algún periodista osa pedir una consulta de este tipo, se inicia un camino sin retorno: debe llenar un formulario y esperar por días alguna respuesta. El final anunciado: termina por escribir lo que le dictan sus editores, adoctrinados al dedillo sobre “lo que hay que decirles a los jóvenes cronistas”.
La nota sin memoria
El periodista Daniel Chocobar publica una nota sobre la designación de la doctora María Inés Diez como Defensora General de la Gobernación. Olvidó “recordar” también la designación del ex Secretario de Seguridad como miembro de la Corte de Justicia de la Provincia, el doctor Gustavo Ferraris. Acto de gobierno realizado por su jefe y dueño del diario: Juan Carlos Romero.
Entonces, seguramente su análisis sobre la “independencia” hubiera sido distinto, porque de haber podido recorrer el pasillo al archivo blindado, hubiese recordado que fue Juan Carlos Romero quien en su momento también nombró como Procurador General de la Provincia a Ramón Alberto Catalano, un hombre de su estrecha confianza.
También hubiese sabido que en el año 1998, Romero impulsó la Reforma Constitucional e incorporó en el Ministerio Público lo que hoy se conoce como Colegio de Gobierno, conformado por la Procuración General, la Defensoría General y la Asesoría General de Menores e Incapaces.
Y si hacía algunas preguntas, también hubiese escuchado que esta idea de Romero fue tomada de un reconocido abogado local, quien a su vez la recogió del exterior. Pero lo que en realidad perseguía el ex gobernador era limitar a Catalano su esfera de poder.
Y si pedía algunos tomos más, también hubiese descubierto que Romero desobedeció la Constitución de la Provincia, pues desde 1998 hasta 2006 nunca propuso a nadie para los cargos de Defensor General y Asesor General.
¿Por qué no lo hizo? Si el periodista Chocobar, se hubiera formulado esta pregunta, quizás hubiese sabido que en realidad Romero nunca quiso hacerlo. Lo que siempre buscó fue mantener el poder reducido en una sola persona: el procurador, un amigo de toda la vida, incapaz de hacer algo sin su consentimiento. Lo que en la jerga se conoce como obediencia debida.
Incluso hubiera pensado por qué en el año 2002 -cuando Romero remplazó a Catalano por el ex juez, Aldo Rogelio Saravia- no enmendó la tremenda irregularidad y propuso otros dos nombres para ser designados como Defensor General y Asesor General de Menores e Incapaces.
Este interrogante lo habría llevado a una resolución que el mismo Aldo Saravia redactó, y en la cual designó a los fiscales ante la Corte, a cargo de la Defensoría General y la Asesoría de Menores e Incapaces, algo que no registra comparación en materia de autoritarismo.
Recordando viejas épocas
Si hubiese hablado con algunos exponentes de aquella época, hubiese escuchado que la no designación de Defensor y Asesor General fue una condición que Aldo Saravia habría exigido a Romero. A cambio, claro de una fidelidad absoluta.
Y si el periodista de Romero, hubiera podido acceder a los tomos del año 2006, también se hubiese dado cuenta de que Romero -a las puertas de dejar el asiento de gobernador- nombró como Defensora General a Mirta Arellano, quien se desempeñaba hasta ese momento como Directora de Personal del Centro Cívico Grand Bourg, o sea una funcionaria directa del ex gobernador.
Pero “casualmente” en ese mismo año, Romero se acordó del mandato constitucional vigente desde 1998 y nombró a otra de sus funcionarias más cercanas: Mirta Lapad -hasta ese entonces titular de la Secretaría de la Niñez y hermana del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores- pasó a ser Asesora General de Menores e Incapaces.
De haber hecho este ejercicio periodístico, Chocobar hubiera caído en cuenta de que la mayor concentración de Poder Judicial en Salta siempre estuvo en manos de Romero, incluso para darse el lujo de no cubrir cargos creados constitucionalmente para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho.
Seguramente hoy –reflexión con archivos mediante- las crónicas de este periodista estarían dirigidas a aquellos doce años de gobierno. Lo que se dice echar un vistazo atrás, sin que este revival signifique una defensa a ultranza de quienes hoy ocupan estos cargos, sino simplemente se trata de un repaso, propio de cualquier archivo.
Pero la realidad manda: de haber hecho este ejercicio periodístico, Daniel Chocobar estaría despedido o la espera todavía de que el móvil de Plumada S.A. llegue con los tomos que condensan doce años de gobierno romerista…Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
http://www.elintransigente.com/ 25/12/2013
Si algún periodista osa pedir una consulta de archivo debe llenar un formulario y esperar por días alguna respuesta. El final anunciado: termina por escribir lo que le dictan sus editores
Recurrir al archivo es un camino común y obligado en cualquier diario que pretenda cumplir con el deber constitucional de informar, por lo que este sector está siempre al alcance de la mano del periodista… al menos, eso se espera.
En la redacción de El Tribuno, sin embargo, los periodistas están vedados de poder hacer este tipo de consultas, puesto que los tomos se encuentran apilados en el galpón de la firma Plumada S.A, en el acceso a la ciudad. Hecho posibilitado por un negociado públicamente conocido, en una descarada maniobra de un viejo zorro en estas lides.
Y si de descaro se habla, fuentes internas al diario afirman que si algún periodista osa pedir una consulta de este tipo, se inicia un camino sin retorno: debe llenar un formulario y esperar por días alguna respuesta. El final anunciado: termina por escribir lo que le dictan sus editores, adoctrinados al dedillo sobre “lo que hay que decirles a los jóvenes cronistas”.
La nota sin memoria
El periodista Daniel Chocobar publica una nota sobre la designación de la doctora María Inés Diez como Defensora General de la Gobernación. Olvidó “recordar” también la designación del ex Secretario de Seguridad como miembro de la Corte de Justicia de la Provincia, el doctor Gustavo Ferraris. Acto de gobierno realizado por su jefe y dueño del diario: Juan Carlos Romero.
Entonces, seguramente su análisis sobre la “independencia” hubiera sido distinto, porque de haber podido recorrer el pasillo al archivo blindado, hubiese recordado que fue Juan Carlos Romero quien en su momento también nombró como Procurador General de la Provincia a Ramón Alberto Catalano, un hombre de su estrecha confianza.
También hubiese sabido que en el año 1998, Romero impulsó la Reforma Constitucional e incorporó en el Ministerio Público lo que hoy se conoce como Colegio de Gobierno, conformado por la Procuración General, la Defensoría General y la Asesoría General de Menores e Incapaces.
Y si hacía algunas preguntas, también hubiese escuchado que esta idea de Romero fue tomada de un reconocido abogado local, quien a su vez la recogió del exterior. Pero lo que en realidad perseguía el ex gobernador era limitar a Catalano su esfera de poder.
Y si pedía algunos tomos más, también hubiese descubierto que Romero desobedeció la Constitución de la Provincia, pues desde 1998 hasta 2006 nunca propuso a nadie para los cargos de Defensor General y Asesor General.
¿Por qué no lo hizo? Si el periodista Chocobar, se hubiera formulado esta pregunta, quizás hubiese sabido que en realidad Romero nunca quiso hacerlo. Lo que siempre buscó fue mantener el poder reducido en una sola persona: el procurador, un amigo de toda la vida, incapaz de hacer algo sin su consentimiento. Lo que en la jerga se conoce como obediencia debida.
Incluso hubiera pensado por qué en el año 2002 -cuando Romero remplazó a Catalano por el ex juez, Aldo Rogelio Saravia- no enmendó la tremenda irregularidad y propuso otros dos nombres para ser designados como Defensor General y Asesor General de Menores e Incapaces.
Este interrogante lo habría llevado a una resolución que el mismo Aldo Saravia redactó, y en la cual designó a los fiscales ante la Corte, a cargo de la Defensoría General y la Asesoría de Menores e Incapaces, algo que no registra comparación en materia de autoritarismo.
Recordando viejas épocas
Si hubiese hablado con algunos exponentes de aquella época, hubiese escuchado que la no designación de Defensor y Asesor General fue una condición que Aldo Saravia habría exigido a Romero. A cambio, claro de una fidelidad absoluta.
Y si el periodista de Romero, hubiera podido acceder a los tomos del año 2006, también se hubiese dado cuenta de que Romero -a las puertas de dejar el asiento de gobernador- nombró como Defensora General a Mirta Arellano, quien se desempeñaba hasta ese momento como Directora de Personal del Centro Cívico Grand Bourg, o sea una funcionaria directa del ex gobernador.
Pero “casualmente” en ese mismo año, Romero se acordó del mandato constitucional vigente desde 1998 y nombró a otra de sus funcionarias más cercanas: Mirta Lapad -hasta ese entonces titular de la Secretaría de la Niñez y hermana del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores- pasó a ser Asesora General de Menores e Incapaces.
De haber hecho este ejercicio periodístico, Chocobar hubiera caído en cuenta de que la mayor concentración de Poder Judicial en Salta siempre estuvo en manos de Romero, incluso para darse el lujo de no cubrir cargos creados constitucionalmente para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho.
Seguramente hoy –reflexión con archivos mediante- las crónicas de este periodista estarían dirigidas a aquellos doce años de gobierno. Lo que se dice echar un vistazo atrás, sin que este revival signifique una defensa a ultranza de quienes hoy ocupan estos cargos, sino simplemente se trata de un repaso, propio de cualquier archivo.
Pero la realidad manda: de haber hecho este ejercicio periodístico, Daniel Chocobar estaría despedido o la espera todavía de que el móvil de Plumada S.A. llegue con los tomos que condensan doce años de gobierno romerista…Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
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